Texto originariamente publicado en Mad In America (17 de junio de 2016)
El tratamiento forzoso en psiquiatría es indefendible, ni desde un punto de vista ético, legal o científico. Nunca se ha demostrado que los tratamientos forzosos hagan más bien que mal, siendo lo contrario mucho más cercano a la verdad. Necesitamos abolir las leyes que lo avalan, de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por casi todos los países.
El tratamiento forzoso en psiquiatría no es medicina basada en la evidencia, fundada en investigaciones fiables, experiencia médica y preferencias y valores de los pacientes; no aplicándose ninguno de estos criterios.
En primer lugar, las preferencias y principios de los pacientes no están siendo respetados, a pesar de que el derecho fundamental al igual reconocimiento ante la ley se aplica a todo el mundo, también a las personas con trastornos mentales. Esto es evidente desde el punto de vista de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Naciones Unidas Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. [1,2]
En segundo lugar, la experiencia clínica es sumamente engañosa en psiquiatría. Los médicos tienden a atribuir a los medicamentos cualquier mejora espontánea de los pacientes, y culpar de cualquier síntoma adverso a la enfermedad. Lo que hace a la práctica psiquiátrica particularmente problemática es que muchos medicamentos pueden provocar o empeorar las enfermedades que se supone tienen que aliviar, o tener efectos adversos similares a los síntomas que suelen determinar otros trastornos psiquiátricos. [2] Por lo tanto, muchos pacientes reciben varios diagnósticos psiquiátricos y tratamiento con varios medicamentos. [2] Debido a los cambios en el cerebro causados por, por ejemplo, los antipsicóticos, el tratamiento continuado puede provocar “psicosis hipersensibles”, que deberían tratarse disminuyendo gradualmente la medicación, pero que son habitualmente tratadas con un incremento de la dosis, o añadiendo un nuevo antipsicótico, lo que incrementa los daños. [2] Cuando los pacientes tratan de dejar su medicación, sufren con frecuencia un síndrome de abstinencia similar al trastorno tratado y, habitualmente, reciben de nuevo el tratamiento con la dosis completa. [2]
En tercer lugar, nunca se ha demostrado que el tratamiento forzoso haga más bien que mal, siendo lo contrario mucho más cercano a la verdad. Un estudio de 2.429 suicidio mostró que a mayor contacto con el personal psiquiátrico -que a menudo implica tratamientos forzosos- peor resultado. [3] Comparado con la gente que no ha recibido ningún tratamiento psiquiátrico en el año precedente, la tasa de suicido fue del 44% (con una confianza del 95% para el intervalo 36-54) para quienes han sido ingresados en un hospital psiquiátrico. Estos pacientes tienen un mayor riesgo de suicidio esperable, pero las conclusiones son sólidas y casi la totalidad de los posibles sesgos del estudio favorecen la hipótesis nula de que no hay relación. El editorial adjunto señaló que las personas que cometen suicidio durante o después de su ingreso en el hospital lo hacen por condiciones inherentes a la hospitalización. [4]
Los antipsicóticos son los medicamentos utilizados con mayor frecuencia en los tratamientos forzosos y si pretendemos saber cómo de mortales son, no podemos usar ensayos aleatorios controlados con placebo en pacientes de esquizofrenia, ya que infra-representan los fallecimientos. Por ejemplo, solo 19 de 50 muertes con olanzapina descritos en registros de procesos judiciales en páginas web aparecieron también en artículos científicos; y en los casos de suicidio o intentos de suicidio las cifras fueron, respectivamente, de 1 entre 9 y 4 entre 18.5 Otra razón por la que los ensayos sobre esquizofrenia no son fidedignos es debido a su diseño de síndromes de abstinencia. Los pacientes están casi siempre en tratamiento con medicamentos antipsicóticos antes de ser aleatorizados, [2] y cuando son cambiados bruscamente al placebo, el riesgo de mortandad aumenta considerablemente. Uno de cada 145 pacientes en ensayos con risperidona, olanzapina, quetiapina y sertindol murieron, pero ninguna de estas muertes fue mencionada en la literatura científica, y la FDA (La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) no pidió que fueran mencionados. [6] Muchos de los pacientes se suicidaron. La tasa de suicidio fue de entre 2 a 5 veces superior a la habitual en pacientes con esquizofrenia, y una razón importante fue la acatisia inducida por la retirada de la medicación. [6]
En los ensayos sobre demencia, los pre-tratamientos con antipsicóticos son menos probables, y el meta-análisis sobre ensayos a corto plazo con nuevos anticopsicóticos mostró que por cada 100 pacientes tratados, había una muerte adicional causada por la medicación. [7] Podría ser incluso peor debido a las muertes no registradas. [5]
Los pacientes también son forzados a recibir terapia electroconvulsiva (TEC) aunque sea uno de los tratamientos más controvertidos en medicina. Algunos psiquiatras dicen que sólo la usan en situaciones potencialmente mortales, pero nunca ha sido documentado que la TEC pueda salvar vidas, mientras que sí sabemos que puede matar. La tasa de mortalidad parece situarse en torno al 1 por 1000.8 Los ensayos aleatorizados son de poca calidad y no hay evidencia de un beneficio a largo plazo más allá del periodo de tratamiento tanto para la esquizofrenia como la depresión, mientras que sí está claro que la TEC “funciona” dañando el cerebro.8 Entre el 29 y el 55% de los pacientes sufren una rigurosamente definida pérdida de memoria. [9]
Historias de dos pacientes
El tratamiento forzoso conlleva inevitablemente abuso y graves violaciones de los derechos humanos. [2] Comparto las historias de dos pacientes, las cuales supe de primera mano al conocer tanto al paciente como a su padre.
Un documental muy emocionante cuenta la historia de Mette, una joven enfermera danesa quien, después de haber sido diagnosticada de esquizofrenia paranoide, recibió grandes dosis de medicación y 150 sesiones de terapia electroconvulsiva. [10] Mette fue gravemente dañada, estigmatizada y envuelta en prejuicios, hasta terminar con un subsidio de incapacidad de por vida. Un día, sin embargo, decidió reclamar su derecho a escapar de la psiquiatría, lográndolo y alcanzando algunos de los logros más importantes de su vida. La historia de Mette ilustra que se abusa con facilidad del tratamiento forzoso. [2] Incluso cuando es evidente que no funcionan y que daña a las personas, los psiquiatras continúan utilizándolo desesperadamente en una progresión sin fin, causando más daño en el cerebro y la personalidad de los pacientes. [2]
En Melbourne, Garth Daniels comenzó a fumar marihuana en grandes cantidades y fue ingresado en el hospital en un estado psicótico agudo a la edad de 21 años. Ahora tiene 38 y ha pasado los últimos 14 años en hospitales psiquiátricos; ha sido examinado por cerca de 400 psiquiatras y otros profesionales; y ha acumulado unas 15.000 páginas de historia clínica. Había probado casi todos los medicamentos psiquiátricos conocidos, a menudo en dosis elevadas, así como TEC, que él odiaba. Su familia observó que había tenido acatisia (que le predisponía a la violencia) [2] y que su comportamiento empeoraba cuando se le daban grandes dosis de medicamentos. Por el contrario, en cada una de las 5 ocasiones en las que, a lo largo de los años, se le había reducido la dosis, mejoraba. La medicación inyectable había sido especialmente mala y había provocado alucinaciones visuales, agitación y violencia, lo que condujo a la contención mecánica, más medicación, más agitación y aún más medicación. El padre de Garth dice que su hijo es normalmente una persona callada y tranquila y que cuando recibía una dosis moderada de amisulpride, se encontraba atento, consciente y afectivamente intacto hasta el punto de ser una persona cálida y con intereses.
El hospital solicitaba de manera rutinaria permiso para aplicar otras 12 sesiones de TEC cada vez que completaban un ciclo, aunque ello fuese en contra de la decisión anticipada por escrito de Garth y de los deseos de su familia. Garth recibió cerca de 100 sesiones de TEC a pesar de que las directrices recomiendan un máximo de 1211 y de que el número de sesiones de TEC es el mejor predictor de daño cerebral a largo plazo. [12]
Garth sufrió otras formas de abuso en contra de las directrices oficiales. Por ejemplo, fue atado a su cama durante 69 días seguidos y comenzó a perder la esperanza. Su padre estuvo preocupado de que pudiera acabar suicidándose si no acababa el tratamiento forzoso, pero la respuesta del responsable psiquiátrico de la salud de Garth, el Profesor Paul Katz, Director Clínico del Programa de Salud Mental en “Eastern Health”, hizo una solicitud al Tribunal Civil y Administrativo (VTAC) para revocar el Poder Legal Médico que ostentaba su padre y así retirar su tutela. Garth denunció a Katz por agresión. Con una suerte de diabólica ironía, uno de los psiquiatras que le trataban reconoció que una parte de los motivos por los que Garth era incompetente para negar el consentimiento para recibir la TEC era debido a que su memoria había sido dañada como resultado de la TEC, de forma que ¡continuaron administrándosela contra su voluntad!
Garth ha sido examinado recientemente por un psiquiatra independiente, Niall McLaren, quien accedió a su voluminosa historia clínica. Los psiquiatras habituales de Garth le consideran un esquizofrénico incurable y peligroso aunque no ha mostrado ningún síntoma o perturbación en su contacto con la realidad que pueda sostener ese diagnóstico. Garth ha sido sometido a un tratamiento para la esquizofrenia absolutamente fallido durante dos décadas. McLaren también se dio cuenta de que la medicación de Garth había sido reducida muy rápidamente, incluso de forma brusca, siendo esta una mala práctica profesional grave, ya que aumenta notablemente el riesgo de suicidio y homicidio. [2]
La familia de Garth se ha mudado recientemente a otro estado, llevándoselo con él, sobrepasando el alcance de la Ley Victoriana de Salud Mental. Ahora está siendo tratado como un paciente externo con bajas dosis de medicación, no con TEC. Su familia indica que su estado mental nunca ha sido mejor. A pesar de los graves argumentos de sus antiguos psiquiatras, no tiene absolutamente ningún signo de psicosis.
Los tribunales no respetan ni la evidencia ni los derechos humanos
En 2006, el abogado Jim Gottsein ganó en un caso de tratamiento forzoso con olanzapina en el Tribunal Supremo de Alaska. [2] El tribunal decidió que la Administración no puede administrar psicofármacos a ninguna persona sin su consentimiento sin haber probado previamente y con una evidencia convincente que se hace en su beneficio y que no hay otra alternativa disponible menos intrusiva. En otro caso, el tribunal decidió que si hay otra alternativa “posible”, el estado tiene que proporcionarla o dejar que la persona se vaya.
Gottsein ha constatado que la opinión pública es que los medicamentos funcionan y que, si las personas no estuvieras locas, sabrían que los medicamentos son buenos para ellas. [13] En consecuencia, los psiquiatras argumentan a oídos de los tribunales que ninguna persona sana rechazaría un tratamiento sano, y los tribunales son complacientes con su deseo. El uso de datos científicos fue, por tanto, esencial para el éxito de Gottsein a la hora de convencer al Tribunal Supremo de que eso no era cierto. El tribunal concluyó que “la medicación psicotrópica puede tener efectos negativos duraderos en la mente y el cuerpo de los pacientes” y que “son conocidos por causar una serie de efectos secundarios potencialmente devastadores.”
Esta fue una asombrosa victoria de los derechos humanos en psiquiatría, pero hay un largo camino por hacer. Los abogados asignados para representar a los pacientes generalmente fracasan de forma estrepitosa, y la profesión psiquiátrica ha admitido que los psiquiatras mienten de forma regular en los tribunales, [2] por ejemplo, exagerando la peligrosidad del comportamiento de una persona con una enfermedad mental, o indicando que el tratamiento funciona incluso cuando evidentemente ese no es el caso, o ignorando los daños que provoca.
Estuve involucrado en un caso semejante, y demostré al Tribunal Supremo de Noruega que los argumentos del psiquiatra eran científicamente erróneos y que en la práctica con los pacientes se habían cometido graves negligencias al no responder a los síntomas peligrosos de intoxicación, pero el tribunal no lo tuvo en cuenta y ordenó continuar con el tratamiento con olanzapina aunque el paciente estaba objetivamente dañado por los medicamentos en términos de discinesia tardía y posiblemente un síndrome neuroléptico maligno, que comporta una gran mortalidad. Encontré todo ello absolutamente indignante. La apelación del abogado al Tribunal Supremo fue rechazada con el argumento de que no había ninguna relación con la naturaleza del principio activo. Al Tribunal Supremo no parecía importarle que parte de las pruebas principales proporcionadas por los psiquiatras fuera objetivamente errónea. Dudo de que esta sea la forma en que los tribunales reaccionan ante casos de asesinato cuando se demuestra que la evidencia proporcionada por un tribunal inferior es errónea.
Jim Gottstein me invitó a Anchorage en Junio de 2006 para dar una charla sobre la abolición del ingreso y tratamiento involuntarios y para conocer a algunas personas. El viaje estaba patrocinado por el Proyecto de Ley para los Derechos Psiquiatricos (Law Proyect for Psichiatric Rights) y fue posible gracias a un crédito de la “Alaska Mental Health Trust Autoriry”. Jim se las arregló para que yo fuese un testigo experto en el caso de una administración forzosa de medicamentos y el proceso podría ser catalogado perfectamente como una impostura en la que el resultado estaba determinado de antemano. El abogado del paciente no fue informado de que el tratamiento continuaría hasta el día del proceso, lo que significaba que no habría posibilidad de preparar una defensa adecuada.
Más aún, las peticiones de las que fui testigo para que continuase el confinamiento y el tratamiento de pacientes en Alaska fueron falsas hasta el extremo. Aunque los pacientes eran muy distintos, los argumentos fueron iguales para todos ellos, hasta el punto de haber un texto prefabricado en los formularios (más abajo, en cursiva), como por ejemplo:
El demandante tiene razón para creer que el paciente es incapaz de dar o negar su consentimiento informado. La institución solicita usar medicación psicotrópica para una situación de no-crisis. Esto es un requisito legal (a)(2). Así que es como decir que el criterio se cumple, pero la petición no indica cuáles son los hechos que llevan a esa conclusión.
Pronóstico del paciente durante el tratamiento: bueno
Pronóstico del paciente sin la medicación: peor
Sobre la mediación requerida, el paciente ha tomado previamente la siguiente medicación, experimentando los siguientes resultados y efectos secundarios: ha tomado esta medicación, que ha funcionado bien, sin efectos secundarios.
Opciones/alternativas de tratamiento menos intrusivo: ninguno
Primero, es poco probable que los pacientes no sean capaces de dar o denegar su consentimiento informado. La Convención de Naciones Unidas deja claro que la “enajenación mental” y otras etiquetas discriminatorias no son razones legítimas para negar la capacidad legal, y el concepto de capacidad mental es en sí mismo muy controvertido: [1] “la capacidad mental no es, como se la presenta comúnmente, un fenómeno objetivo, científico y natural. La capacidad mental es contingente respecto de contextos sociales y políticos, y de las disciplinas, profesiones y prácticas que juegan un rol dominante evaluando la capacidad mental… En muchos de los informes que el Comité ha examinado hasta ahora, se han confundido los conceptos de capacidad mental y jurídica, de modo que cuando se considera que una persona tiene capacidades deterioradas para la toma de decisiones, a menudo debido a una discapacidad cognitiva o psicosocial, su capacidad jurídica para tomar decisiones concretas queda consecuentemente eliminada. Esto se decide simplemente sobre la base de un diagnóstico de discapacidad (enfoque de status), o cuando una persona toma una decisión que es considerada negativa por sus consecuencias (enfoque de resultados), o cuando el proceso de toma de decisión de una persona es considerado deficiente (enfoque funcional). El enfoque funcional intenta evaluar la capacidad mental y, en consecuencia, denegarla. Se basa a menudo en si una persona puede entender la naturaleza y las consecuencias de una decisión y/o si él o ella pueden usar o sopesar información relevante. Este enfoque es erróneo por dos razones clave: (a) es aplicado de forma discriminatoria a personas con discapacidad; y (b) presume de ser capaz de evaluar de forma precisa los procesos internos de la mente humana y, cuando una persona no supera la evaluación, se le deniegan a él o ella un derecho humano básico -el derecho al igual reconocimiento ante la ley. En todos estos enfoques, la discapacidad de una persona y/o sus habilidades en el proceso de toma de decisiones son tomadas como bases legítimas para denegar la capacidad legal y degradar su status como persona ante la ley. El artículo 12 no permite tal negación discriminatoria ante la ley, más bien exige que se preste asistencia en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Segundo, no hay evidencia científica para mantener afirmaciones vacías como que el pronóstico del paciente es bueno con la medicación y malo sin ella. El hecho de que estos pacientes hayan recibido frecuentemente un cocktail de medicamentos durante un largo periodo de tiempo demuestra, de hecho, que el pronóstico con los medicamentos es malo. [2, 6, 13] Los pacientes se encuentran mejor cuanto menos se usen estos medicamentos.
Tercero, es casi imposible tomar medicamentos antipsicóticos o cualquier otro medicamento psiquiátrico sin efectos secundarios. Esto es, por lo tanto, casi sistemáticamente objeto de engaño y muchas veces falseado para afirmar que el paciente “se ha tomado esta medicación, que ha funcionado bien, y sin efectos secundarios.”
Cuarto, es engañoso hasta el extremo sugerir que no hay disponibles tratamientos u opciones menos intrusivas. Siempre hay opciones menos intrusivas tal y como muestran las grandes variaciones en el uso de la TEC; y la medicalización forzosa no es necesaria, ya que no hay medicamentos psiquiátricos que puedan curar trastornos psiquiátricos, mientras que todos ellos pueden empeorar las cosas. [14, 15] Para complicar el asunto, los estudiantes de psiquiatría deben pasar exámenes en la práctica de la TEC, pero nunca se les exige que demuestren su habilidad para no usarla, o no usar medicamentos, o reducir su uso.
En cuanto a la TEC, los pacientes deberían ser informados de que muchos psiquiatras que tratan padecimientos similares muy raramente o nunca usan la TEC y que es una cuestión totalmente aleatoria a qué tipo de psiquiatra acude el paciente. Muchas jurisdicciones insisten en que puede forzarse a los pacientes a recibir TEC contra su voluntad si la “rechazan de forma injustificada.” Sin embargo, no está del todo claro lo que podría constituir un “rechazo injustificado a aceptar la TEC,” y qué criterio aplicarán los hospitales para decidir si el rechazo es injustificado. En la práctica, rechazar la TEC es siempre tenido por “injustificado.”
¿A quién deben creer los jueces?
Cuando los psiquiatras dicen que el tratamiento es beneficioso mientras que los pacientes dicen que no lo es, debemos dejar decidir a los pacientes, porque ellos lo saben mejor. De hecho, ellos son los únicos que pueden decir cómo les afectan subjetivamente los medicamentos. Los ensayos clínicos en psiquiatría están sesgados de muchas maneras, por ejemplo, estudios con placebo en los que no se ha controlado adecuadamente que están cegados. [2] El cegado se rompe a menudo debido a los efectos secundarios del medicamento, lo que lleva a los psiquiatras a sobreestimar sus efectos, [2] en ocasiones hasta tal punto que pueden concluir lo contrario de lo que es realmente verdadero. Esto ha sido demostrado en un ensayo controlado con doble ciego llevado a cabo por el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos publicado en 1964. Fue un estudio de seis semanas con pacientes de nuevo ingreso con diagnóstico de esquizofrenia tratados con fenotiazina como la Clorpromazina. Ninguno de los 270 pacientes empeoró y se concluyó que los medicamentos reducían la apatía, incrementaban las respuestas motoras y hacían que los pacientes estuvieran menos indiferentes -exactamente lo opuesto a lo que esos medicamentos provocan, tal y como habían admitido los psiquiatras ya una década antes- y se dijo que sus efectos secundarios eran “leves e infrecuentes… siendo una cuestión más relacionada con el confort del paciente que con la seguridad médica.” [6,16]
Los antipsicóticos son medicamentos muy ineficaces. Incluso con la ayuda de los formidables sesgos en los ensayos, [2] sus resultados son pobres. El incremento mínimo sobre el Índice Clínico de Impresión Global es de unos de 15 puntos en la Escala de Síndrome Positivo y Negativo (Positive and Negative Syndrome Scale),[17] pero lo que se obtuvo en ensayos recientes controlados con placebo para la FDA fueron sólo 6 puntos,18 aunque es fácil que las puntuaciones se incrementen un poco si alguien es abatido por un tranquilizante y por expresar sus ideas extrañas con menor frecuencia. Por ello, la FDA ha aprobado nuevos medicamentos antipsicóticos cuyos efectos son muy inferiores a los clínicamente relevantes.
Aunque los pacientes no son a menudo sometidos a tratamientos forzosos con antidepresivos, no se debe dejar de decir que los propios pacientes, adultos y niños, manifiestan en ensayos controlados con doble ciego que los medicamentos no funcionan aunque su psiquiatra diga en el mismo ensayo que sí lo hacen. [2] También es notable que en una gran investigación llevada a cabo desde 1995, la gente pensara que los antidepresivos, antipsicóticos y la administración de electroshocks en unidades psiquiátricas fuesen más a menudo dañinas que beneficiosas. [19]
Abolir las leyes de tratamiento forzoso
El tratamiento forzoso no puede defenderse, ni desde un punto de vista ético, legal ni científico. Tenemos que abolir las leyes que lo regulan, de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. [1] La evidencia nos ha dicho que los tratamiento forzosos incrementan el daño no sólo en los pacientes, sino también en terceros. [2,6,14,15] La violencia engendra violencia, pero quizá el argumento más fuerte contra la medicación forzosa y la TEC es que, además de los pacientes psiquiátricos, sólo los soldados durante la guerra son obligados a correr riesgos que podrían costarles la vida contra su voluntad. La diferencia es que los soldados normalmente han elegido ellos mismos convertirse en tales mientras que los pacientes psiquiátricos no.
En contadas ocasiones será necesario el empleo de la fuerza, por ejemplo si el paciente es peligroso, pero la contención sin correas, es decir, sujetándole con firmeza, será suficiente. Y si no lo es, debería ser una cuestión para la policía, como lo es en Islandia o en Trieste. [2]
Es un mito que los psiquiatras necesiten poder administrar tratamientos forzosos. Con una dirección adecuada y un entrenamiento del personal en técnicas anti-escala es posible practicar la psiquiatría sin usar la fuerza. [2,20,21] En Islandia, las correas no han sido usadas desde 1932, momento en que los psiquiatras las quemaron, y hay psiquiatras en todo el mundo que han tratado con pacientes profundamente disruptivos durante toda su carrera sin haber usado antipsicóticos, TEC o la fuerza. [2] Peter Breggin nunca ha usado tales tratamientos, y Niall McLaren nunca ha usado la TEC. Cuando ha sido director de departamento durante ocho años en total en dos hospitales de Australia, la TEC nunca fue utilizada (McLaren, entrevista personal). Nunca la prohibió, simplemente la hizo menos accesible a su personal, en la medida en que tenían que justificar su uso mostrando la ausencia de alternativas. Al mismo tiempo, la tasa de admisiones al hospital se redujo drásticamente, así como la duración media de ingresos y la tasa de ocupación de camas se redujo a la mitad. En ambos hospitales, poco tiempo después de que expirase su nombramiento y dejase su puesto, la TEC se reanudó y la tasa de ocupación de camas ascendió de nuevo rápidamente.
Hay muchas propuestas para reducir el número de tratamientos forzosos. [2] Pero el necesario cambio cultural nunca sucederá si no los convertimos en ilegales. A buen seguro habrá casos difíciles en los que se perderá, pero tendremos que vivir con ello, ya que los beneficios de abolir el tratamiento forzoso son mucho mayores que los daños. [2] Además, hay formas de tratar los casos difíciles sin recurrir a la fuerza. Por ejemplo, se nos permite alimentar a pacientes con anorexia para impedir su muerte sin necesidad de leyes psiquiátricas, tenemos el deber de salvar vidas si podemos.
En muchos países, una persona considerada como loca puede ser ingresada en una unidad psiquiátrica involuntariamente si, de otro modo, se menoscabase la previsión de cura o mejoría sustancial y significativa de su situación. Pero ¿es este el caso? ¿Hay algún tratamiento que pueda curar a pacientes locos, o que pueda conducir a mejoras sustanciales tales que la condición del paciente se vería significativamente perjudicada si no se le obligase a ingresar en un hospital de forma inmediata? No lo creo y, considerando los abusos que tiene lugar en las unidades psiquiátricas, [1,2] esta hipótesis debería ser eliminada de la legislación de todos los países. Queda todavía una cláusula según la cual si los pacientes representan un peligro obvio y sustancial para sí mismos o para terceros, pueden ser ingresados involuntariamente, pero ni siquiera la necesitamos. Según la Ley Nacional Italiana de Salud Mental, la peligrosidad del paciente no puede ser una razón para el tratamiento involuntario. Esto es un asunto de la policía. [2]
En 2015, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hizo un llamamiento a los Estados Miembros para proteger la seguridad y la integridad personal de las personas con discapacidad que son privados de su libertad mediante la eliminación del uso de tratamientos forzosos, la reclusión y distintos métodos de contención en instalaciones médicas, incluyendo restricciones físicas, químicas y mecánicas. [22] El Comité concluyó, como los pacientes, [2] que estas prácticas no son consistentes con la prohibición de la tortura.
Si todavía aceptas el tratamiento forzoso y la detención involuntaria después de haber leído este artículo, espero que lea un libro desgarrador, “Dear Luise” que describe prácticamente todo lo que está mal en psiquiatría. [23] Luise había suplicado y suplicado para no recibir tratamiento con antipsicóticos, por no tolerarlos, y tras haber visto a su mejor amiga morir a causa de ellos. La propia Luise murió sólo seis meses después, a la edad de 32 años, por una inyección letal para ella. Ambas mujeres cayeron muertas en el suelo. El sistema, sin embargo, se felicitó por su homicidio en primer grado donde todos los responsables parecen haber sido inmunizados de antemano ante la posibilidad de verse señalados como culpables. A la madre de Luise se le dijo que su hija había recibido “un tratamiento especializado del más alto nivel.” El termino oficialmente aceptado para las muertes como las de la Luise es “muerte natural”. Ella le había dicho a su madre: “yo seré la siguiente.”
Tenemos que parar esto, y dado que la profesión psiquiátrica no parece capaz de reformarse a sí misma, los casos legales reales -y no los falsos procesos- pueden ser un buen camino a seguir.
Agradecimientos: Me han inspirado cientos de historias de pacientes, contadas por ellos mismos o sus parientes; muchos otros pacientes que han reclamado su vida y escapado de la psiquiatría y que ahora se llaman a sí mismos supervivientes psiquiátricos; y mi colaboración con el abogado Jim Gottstein y, previamente, con el jurista del Tribunal Supremo Ketil Lund, los psiquiatras Peter Breggin, David Healy, Joanna Monchieff y Neill McLaren, el periodista científico Robert Whitaker, el psicólogo John Read; y Dorrit Cato Christensen, la madre de la joven mujer danesa muerta por el uso de medicación antipsicótica, que estableció la organización “Muerte en Psiquiatría” (Death in Psychiatry”).
Referencias:
1 United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. General comment No. 1 2014 May 19.
2 Gøtzsche PC. Deadly psychiatry and organised denial. Copenhagen: People’s Press; 2015.
3 Hjorthøj CR, Madsen T, Agerbo E, et al. Risk of suicide according to level of psychiatric treatment: a nationwide nested case-control study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2014;49:1357–65.
4 Large MM, Ryan CJ. Disturbing findings about the risk of suicide and psychiatric hospitals. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2014;49:1353–5.
5 Hughes S, Cohen D, Jaggi R. Differences in reporting serious adverse events in industry sponsored clinical trial registries and journal articles on antidepressant and antipsychotic drugs: a cross-sectional study. BMJ Open 2014;4:e005535.
6 Whitaker R. Mad in America. Cambridge: Perseus Books Group; 2002.
7 Schneider LS, Dagerman KS, Insel P. Risk of death with atypical antipsychotic drug treatment for dementia: meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. JAMA 2005;294:1934–43.
8 Read J, Bentall R. The effectiveness of electroconvulsive therapy: a literature review. Epidemiol Psichiatr Soc 2010 Oct-Dec;19:333-47.
9 Rose D, Fleischmann P, Wykes T, et al. Patients’ perspectives on electroconvulsive therapy: systematic review. BMJ 2003;326:1363.
10 Mettes Stemme (Mette’s Voice).
11 Royal College of Psychiatrists. Information about ECT (Electro-convulsive therapy). http://www.rcpsych.ac.uk/healthadvice/treatmentswellbeing/ect.aspx. July 2015 (accessed 5 Feb 2016).
12 Sackeim HA, Prudic J, Fuller R, et al. The cognitive effects of electroconvulsive therapy in community settings. Neuropsychopharmacology 2007;32:244-54.
13 Whitaker R. Anatomy of an Epidemic. New York: Broadway Paperbacks; 2010.
14 Breggin P. Brain-disabling treatments in psychiatry: drugs, electroshock and the psychopharmaceutical complex. New York: Springer; 2007.
15. Breggin P. Medication madness: the role of psychiatric drugs in cases of violence, suicide, and crime. New York: St. Martin’s Griffin; 2008.
16 Cole JO. Phenothiazine treatment in acute schizophrenia; effectiveness: the National Institute of Mental Health Psychopharmacology Service Center Collaborative Study Group. Arch Gen Psychiatry 1964;10:246-61.
17Leucht S, Kane JM, Etschel E, et al. Linking the PANSS, BPRS, and CGI: clinical implications. Neuropsychopharmacology 2006;31:2318-25.
18 Khin NA, Chen YF, Yang Y, et al. Exploratory analyses of efficacy data from schizophrenia trials in support of new drug applications submitted to the US Food and Drug Administration. J Clin Psychiatry 2012;73:856–64.
19 Jorm AF, Korten AE, Jacomb PA, et al. ”Mental health literacy”: a survey of the public’s ability to recognise mental disorders and their beliefs about the effectiveness of treatment. Med J Aus 1997;166:182-6.
20 Fiorillo A, De Rosa C, Del Vecchio V, et al. How to improve clinical practice on involuntary hospital admissions of psychiatric patients: Suggestions from the EUNOMIA study. Eur Psychiat 2011;26:201-7.
21 Scanlan JN. Interventions to reduce the use of seclusion and restraint in inpatient psychiatric settings: what we know so far, a review of the literature. Int J Soc Psychiat 2010;56:412–23.
22 Committee on the Rights of Persons with Disabilities. Guidelines on article 14 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The right to liberty and security of persons with disabilities. Adopted during the Committee’s 14th session, held in September 2015.
23 Christensen DC. Dear Luise: a story of power and powerlessness in Denmark’s psychiatric care system. Portland: Jorvik Press; 2012.
Traducido por Octavio Barriuso
