En Australia, el uso de sustancias psicotrópicas para calmar o controlar la conducta está en gran medida no regulado, y surgen dudas sobre su uso indebido. Ahora ha llegado el momento para la definición y regulación.

A principios de este mes, aparecieron imágenes de un circuito de vídeo-vigilancia que mostraban a Miriam Merten, desnuda y desorientada en un hospital Australiano. La señora Merten cae de espaldas en repetidas ocasiones en una habitación tipo celda, antes de dirigirse hacia la puerta y golpear una pequeña ventana. El vídeo cambia entonces al pasillo fuera de la habitación. Ella arrastra los pies, aún desnuda, y vuelve a caer.

La Señora Merten murió debido a una lesión cerebral en 2014 tras haber caído más de 20 veces dentro de la Unidad de Salud Mental del Hospital Lismore Base. Si bien ya se ha llevado a cabo una investigación forense, la publicidad que han recibido las imágenes ha llevado a una consulta parlamentaria en el estado de Nueva Gales del Sur.

Estos espantosos sucesos ponen en cuestión varios asuntos, uno de ellos es el uso de fármacos psicotrópicos o que alteran la mente para controlar el comportamiento de la Señora Merten. Una cuestión importante es si la dosis de estos fármacos contribuyó a sus caídas, y en última instancia, a su muerte.

Mi investigación muestra que el uso de medicación para controlar la conducta en el entorno sanitario está poco regulado en Australia. Estos hallazgos forman parte de un proyecto Discovery financiado por el Consejo de Investigación Australiano que tiene como objetivo proporcionar a los profesionales de salud, y a los individuos de los que cuidan, un marco legal claro y consistente que reduzca, e idealmente elimine el uso de intervenciones tales como la contención física, en la que se utiliza la fuerza corporal para restringir el movimiento; contención mecánica, en la que se usan dispositivos como cinturones y muñequeras; y medicación para controlar la conducta.

Uso excesivo y prescripción excesiva

ABC ha estado examinando informes sobre la prescripción excesiva de fármacos psicotrópicos para controlar la conducta de personas con discapacidades. Un estudio realizado en Reino Unido en 2015 encontró que hasta al 71 por ciento de los adultos con una discapacidad para el aprendizaje se les prescribió medicación antipsicótica sin tener diagnóstico alguno de trastorno mental.

En Australia, la Oficina del Senior Practitioner [la figura Senior Practitioner es la responsable de asegurar que se protejan los derechos de las personas sometidas a tratamiento involuntario e intervenciones restrictivas, NdT] en el estado de Victoria ha informado de que el uso de medicación para controlar la conducta, generalmente llamado “contención química”, ha sido la forma de contención más comúnmente utilizada en el sector de cuidado a mayores. La Comisión para la Reforma de la Ley Australiana también ha expresado su preocupación de que la contención química sea ampliamente utilizada en individuos diagnosticados de demencia. En Inglaterra, la prescripción excesiva de medicación antipsicótica en la atención a personas mayores se ha vinculado a 1800 muertes anuales.

Es imposible conocer el alcance del problema en Australia porque no existe una base de datos nacional para registrar las dosis o circunstancias bajo las que se prescribe la medicación psicotrópica. Esto es particularmente preocupante cuando se prescriben sin consentimiento.

Falta de regulación

El uso de la contención química está poco regulado en todos los sectores sanitarios, en parte porque, como manifiestan las guías sudaustralianas, “no existe ninguna definición consensuada”.

Un punto de partida fuerte para definir el significado de la contención química se encuentra en la sección 3 de la Ley de Salud Mental de 2013 de Tasmania, de la que se hace eco alguna legislación sobre discapacidad, como “medicación dada principalmente para controlar la conducta.

En los últimos años, se han realizado esfuerzos coordinados para reducir el uso del aislamiento, y las contenciones tanto físicas como químicas en las instalaciones de salud mental. Se ha avanzado en la regulación y la reducción del uso de aislamiento, aunque los datos de 2015-2016 sugieren una preocupante tendencia al crecimiento.

En un foro reciente sobre el tema en la ciudad de Perth, se publicaron por primera vez datos sobre las tasas de contención física y mecánica. Aunque establecer comparaciones entre jurisdicciones es complicado debido a requisitos de información inconsistentes entre estados y territorios, al menos recoger la información es un paso en la dirección correcta.

La contención química debería ser la siguiente práctica que se defina y regule. Puede, por supuesto, haber dificultades para poner en práctica la regulación. Por ejemplo, la medicación psicotrópica administrada para tratar una afección de salud mental puede tener un fuerte efecto sedante, que afecte a la conducta. En tales circunstancias, puede ser imposible probar la intención de controlar la conducta en lugar de la de tratar una condición médica.

También hay una línea delgada entre la contención química y lo que es considerado “sedación de emergencia” o “tranquilización rápida”, donde el objetivo es reducir los síntomas específicos o un trastorno del comportamiento en lugar de tratar la causa subyacente.

También hay una clara diferencia entre como ven la contención química los usuarios de los servicios de salud mental y los profesionales. Un estudio interdisciplinar realizado por la Comisión Nacional de Salud Mental encuestó a los usuarios de los servicios de salud mental, a sus cuidadores y profesionales sobre si era factible eliminar la contención química. El sesenta y dos por ciento de los usuarios de los servicios de salud mental estuvo de acuerdo en que era factible, pero sólo el 14 por ciento de los profesionales de salud mental estuvo de acuerdo en que su eliminación era realista. Queda por explorar por qué existe tal diferencia.

Alguna forma de regulación, sea en forma de legislación o de guías nacionales, es mejor que no disponer de ninguna, como es el caso en algunas jurisdicciones australianas. Alguna forma de recolección de datos sobre el uso de la medicación sin consentimiento en el entorno sanitario proveería información sobre el alcance del uso de la medicación para el control de la conducta.

Por ejemplo, en Holanda, la Inspección de Salud Holandesa, que tiene amplios poderes para investigar y evaluar la calidad de los servicios de salud, medidas de prevención y productos médicos, recibe informes sobre todas las intervenciones restrictivas y coercitivas, incluyendo la administración de medicación de forma involuntaria.

Esfuerzos globales

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud ha lanzado una “Iniciativa por la Calidad de los Derechos” enfocada a mejorar el cuidado en las instituciones de salud mental. También está en el proceso de desarrollar módulos de formación, incluyendo uno sobre estrategias para terminar con el uso de aislamiento y todas las formas de contención, incluyendo la química. Estos módulos pueden proporcionar un marco útil para otras instituciones sanitarias.

Si bien aún existen muchos obstáculos en el camino hacia la eliminación de las prácticas restrictivas, es alentador ver que en Gales, un centro diseñado por usuarios lidera el camino a una atención centrada en la recuperación en lugar de en la coerción y el control. La investigación realizada por el Instituto de Equidad Social de Melbourne, en nombre de la Comisión Nacional de Salud Mental, halló que los cambios en el entorno son importantes en la lista de factores que reducen el uso del aislamiento y la contención.

En última instancia, si las personas reciben poder sobre otros a puerta cerrada, las cosas irán mal sin regulaciones claras ni monitorización constante. Ha llegado el momento de añadir la contención química a la regulación de prácticas restrictivas para trabajar hacia su eliminación.

Bernadette McSherry es Profesora en la Universidad de Melbourne. Actualmente está trabajando en una investigación con una Beca Discovery del Consejo de Investigación Australiana titulada “Leyes modelo para la regulación del uso de la contención en entornos sanitarios”.

Este artículo fue originalmente publicado en la revista Pursuit de la Universidad de Melbourne en junio de 2017.

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