Compartimos hoy este artículo originalmente publicado en la revista mexicana NEXOS el 2 de agosto, a raíz de la batalla que está presentando en México la sociedad civil contra la propuesta de una Ley General de Salud Mental que asienta vulneraciones de derechos e incluso, denuncian, abre la puerta a nuevas amenazas. Pretendemos con ello colaborar en la difusión de la situación de la atención a la salud mental y la lucha por la defensa de los derechos de las personas psiquiatrizadas en otros países hispanohablantes; y también llamar a la reflexión y a la autocrítica en el territorio del Estado español, donde las prácticas que vulneran los DDHH tienen una presencia abrumadora sin que hasta ahora haya habido una oposición social, política o legislativa con suficiente fuerza para conseguir ponerles fin. De hecho, parte de las medidas que en este texto señalan como problemáticas y que podían haber sido introducidas en la ley que detenían gracias al debate social, en nuestro territorio son prácticas cotidianas a pesar de lo alarmantes que resultan (como la medicalización de la infancia y adolescencia). Otras prácticas señaladas en el texto como «la descalificación de los sentires y estares, el impedimento a la autonomía e individualidad de las personas beneficiarias, la sobremedicación como estrategia de control, la centralización de la información, la disposición arbitraria, el condicionamiento de la movilidad en los espacios comunitarios y consumo de alimentos, y las restricciones al ejercicio y la sexualidad» tienen también su reflejo en la mayoría de los recursos de atención a la salud mental de nuestro territorio. Tenemos, aquí y allá, mucho camino por delante para conseguir un acompañamiento digno del sufrimiento psíquico y las experiencias inusuales; una resignificación de la locura; la construcción de redes de apoyo mutuo generalizadas que sean sostén comunitario y el fin de un sistema capitalista y patriarcal que nos quiebra desde su desigualdad de base y su negación de las opresiones estructurales.
Tras detener una propuesta de ley que viola los derechos de las personas usuarias de servicios de salud mental, urge imaginar los caminos para una verdadera reforma psiquiátrica en México.
Esta semana estuvimos a punto de ver aprobada una propuesta de Ley General de Salud Mental que atenta contra los derechos de los usuarios de servicios de salud mental, sobre todo de aquellos que están institucionalizados, en situación de calle, que tienen necesidad de apoyos más intensos, o que no cuentan con redes o acompañamiento familiar. Como fue señalado por activistas y organizaciones de la sociedad civil —destacadamente, Documenta A. C.— esta propuesta legislativa perpetuaba los tratamientos forzados, los internamientos compulsivos, la denegación de consentimiento informado y la privación de la libertad por motivos de discapacidad. Por si esto no fuera poco, la ley abría la puerta a la medicalización de las infancias y de las personas adolescentes, y acentuaba la discriminación y el estigma a partir de la supuesta peligrosidad de individuos con diagnósticos psiquiátricos.
La historia de la atención a la salud mental en nuestro país es larga. Para los antiguos mexicanos, lo que hoy entendemos como salud mental era la manifestación de una armonía que “partía del corazón”. Yollopaztlli, la medicina del corazón, buscaba sanar o paliar las dolencias del alma a través de la herbolaria y otras prácticas de carácter espiritual. Los espacios asilares llegaron con la Colonia, y perduraron a lo largo del siglo XIX y hasta la construcción del manicomio de La Castañeda, un lugar que, a pesar de sus pretensiones de modernización, terminó siendo un espacio de reclusión y hacinamiento de individualidades que retaban la norma social(1). El asilo existió hasta finales de la década de 1960.
Históricamente, los manicomios han funcionado como instituciones totales de reclusión para las personas no acopladas a los estándares de funcionalidad y productividad económica dentro de diversas estructuras sociales. La ausencia de redes familiares, comunitarias o socio-afectivas son cómplices del desplazamiento de estos colectivos a la periferia social. La constitución de estos depósitos de seres etiquetados como anormales resulta de políticas que tienden al control y vigilancia de las subjetividades a partir de la aplicación de prácticas, acciones, adoctrinamientos ideológicos, significaciones capacitistas, y conformación de imaginarios sociales restrictivos. Por su parte, las formas que estas instituciones asilares adoptan se expresan en cierto ordenamiento y disposición de espacios, con determinada distribución de los recursos alimentarios e intervenciones directas sobre los individuos. Entre ellas, el establecimiento de rutinas de autocuidado —o la ausencia de estas— como el aseo personal, la regulación de funciones fisiológicas, la imposición de cortes de cabello y formas de vestir —o la ausencia de vestimentas—, la (sobre)medicación, los malos tratos y hasta la tortura.
Incluso tras la demolición del manicomio de La Castañeda, en México se ha continuado con políticas y servicios de salud mental que no respetan la dignidad de las personas usuarias de los mismos. A pesar de contar con una institución que se presume como la más importante en América Latina dedicada a la investigación, enseñanza y servicios clínicos, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, la atención en el país es deficiente y continúa basada en el modelo médico-farmacológico y de encierro rehabilitatorio. Ésta se concentra, además, en las tres principales ciudades del país. Por su parte, el Modelo Miguel Hidalgo de atención a la salud mental que se instauró a nivel nacional en 2001, y que se presentaba como una forma de aplicar intervenciones comunitarias y desinstitucionalizadoras, fue un fiasco.
En México, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países de la región latinoamericana, la crítica al modelo biomédico y manicomial tardó mucho en trascender el espacio académico y no ha sido sino hasta tiempos recientes, que la salud mental se ha vuelto bandera de movimientos sociales. Esto, a diferencia de lo que sucedió desde la década de los setenta en Argentina o Brasil. Sin embargo, algunas propuestas tímidas de gestión complementarias a la psiquiatría institucional han surgido en México desde principios del milenio. Es el caso de la red de organizaciones de familiares, personas usuarias y especialistas Voz Pro Salud Mental y su oferta de psicoeducación(2) y grupos de apoyo; proyectos de comunicación inclusivos como Radio Abierta, en la Ciudad de México o Espiral en Guadalajara; y grupos de apoyo mutuo para personas con discapacidad psicosocial como el Colectivo Chuhcan, entre otros.
Por otro lado, pese a la existencia de alternativas a las intervenciones psiquiátrico-farmacológicas como la arteterapia(3), los distintos acompañamientos terapéuticos, las casas de medio camino u hospitales de día, la mayor parte de la población no tiene acceso a ellas por la brutal desigualdad socioeconómica que impera en el país. Ello ha permitido que la lógica manicomial se mantenga, asumiendo ya no sólo la forma de práctica asilar, disciplinaria y punitiva, sino en expresiones inspiracionales, eufemísticas y asistencialistas que aceptan la discapacidad psicosocial pero sólo bajo tutela. Es decir, restringiendo la capacidad jurídica de las personas.
Un ejemplo de lo anterior es el proyecto privado Casa Open, desarrollado desde el año 2016 en el estado de Morelos como una apuesta a la vida en comunidad de ex residentes de espacios asilares tradicionales. La buena intención de favorecer la reintegración de las personas, la propuesta de que adquirieran una vivienda propia y su vinculación al campo laboral, no fueron suficientes para sostener la perspectiva desinstitucional en la práctica. A final de cuentas, en este espacio se reconstruyó la lógica manicomial a través de distintas prácticas: la descalificación de los sentires y estares, el impedimento a la autonomía e individualidad de las personas beneficiarias, la sobremedicación como estrategia de control, la centralización de la información, la disposición arbitraria, el condicionamiento de la movilidad en los espacios comunitarios y consumo de alimentos, y las restricciones al ejercicio y la sexualidad.
Posibilidades para una reforma psiquiátrica
Los procesos de reforma psiquiátrica o desinstitucionalización implican necesariamente el cierre definitivo de los manicomios, la transformación en los modos de atención de la práctica clínico-sanitaria, la constitución de redes y sistemas de apoyo, el fortalecimiento de capacidad de las persona usuarias, el acceso a viviendas propias, cooperativas autogestionadas y la posibilidad de brindar atención y acompañamientos extramuros, sostenidos por una normativa legal armonizada a principios y estándares de derechos humanos. Reflexionar en torno a la reforma psiquiátrica es poner el foco en la necesidad de instaurar estrategias de atención comunitaria, horizontales e interdisciplinares; formar profesionales bajo criterios con enfoque de discapacidad y empáticos; trabajar los prejuicios de la comunidad y la sociedad, así como eliminar las distintas barreras para incluir a las personas desinstitucionalizadas. Requiere de reconocer, desde un enfoque garantista, el derecho a contar con sistemas de apoyo que cubran las necesidades de los usuarios y generen vínculos socioafectivos con otras personas para su efectiva participación en comunidad y el ejercicio pleno de sus derechos. El paradigma de derechos humanos que revoluciona la forma de entender lo que hoy llamamos discapacidad psicosocial se nutre de las luchas y reivindicaciones históricas de distintos colectivos de personas usuarias y sobrevivientes de la psiquiatría.
El marco normativo en nuestro país mantiene sesgos discriminatorios que restringen estos derechos. En México hoy todavía se permiten internamientos y tratamientos forzosos, se imponen prácticas que podrían representar tortura o tener consecuencias de salud irreversibles, no hay consentimiento informado, ni se reconocen alternativas al abordaje biofarmacológico de la psiquiatría institucional. En años recientes se han creado leyes de salud mental en por lo menos la mitad de las entidades federativas con el argumento de mejorar la calidad de los servicios que, sin embargo, en el fondo mantienen ideas sobre la peligrosidad de quienes son etiquetados como “enfermos mentales” y a partir de ello justifican la restricción de su capacidad jurídica.
Desde 2017 se ha pretendido escalar esto a nivel nacional en tres ocasiones. En la primera ocasión se manifestaron los relatores de discapacidad y derecho a la salud de Naciones Unidas exponiendo al Gobierno mexicano el riesgo que implicaría una legislación discriminatoria como la que se pretendió echar adelante. Ésta y la subsecuente propuesta fueron detenidas. Con la llegada al poder de Morena, en el que hay corrientes mayoritarias de izquierda, se pensaba que la historia no se repetiría. Sin embargo, la propuesta de ley detenida esta semana muestra lo contrario. Estos proyectos legislativos creados a partir de ocurrencias más que desde el conocimiento de los derechos humanos, o de las mejores prácticas en el tema de salud mental, inquietaron a activistas y organizaciones que desde un primer momento se agruparon en un frente llamado hoy Salud Mental con Derechos que ha frenado estas iniciativas parlamentarias en las tres ocasiones. Lo que proponen, en cambio, es una reforma garantista al capítulo de salud mental en la Ley General de Salud.
SinColectivo, una agrupación de varias personas usuarias y ex usuarias de servicios de salud mental a la que pertenecemos se sumó sin dudarlo a la estrategia de Salud mental con derechos. Las protestas lograron frenar la discusión de la ley apenas pasada la conmemoración de la segunda Marcha del Orgullo Loco en la Ciudad de México organizada por SinColectivo a más de medio siglo del cierre de la Castañeda. Quién hubiera dicho que esta diversa suma ciudadana daría sentido, cual premonición, al lema que impulsó las acciones de SinColectivo planeadas para el 2020: La Rebelión Sentipensante.
(Oscar Sánchez Hernández es vocero de REDefine Morelos e integrante de SinColectivo. Víctor Lizama es colaborador del Programa Discapacidad y Justicia de Documenta A.C. y también integrante de SinColectivo).
Los enlaces a lo largo del texto han sido añadidos por la Redacción de Mad in America Hispanohablante. También estas notas al pie que pueden servir para ampliar información:
- (1) Para más info sobre La Castañeda, es interesante leer el texto Las locas de La Castañeda, en el blog de la Lokapedia.
- (2) La psicoeducación de por sí, sin una perspectiva crítica, puede ser un problema añadido, como nos compartía Jordi Relaño en su texto «El Alien que habita en mí: una psicoeducación biologicista«.
- (3) Sobre arteterapia es interesante conocer las críticas que también pueden hacerse desde una visión como la que ofrecía María Solana en su texto «Cuidado con el arteterapia«.
