El Ministerio de Interior ha aprobado la puesta en funcionamiento de un psiquiátrico penitenciario en Siete Aguas (Valencia). Junto a los centros situados en Fontcalent y Sevilla, este tercer centro será el más grande, con una capacidad de albergar a 500 personas. Puede verse la noticia del proyecto en prensa aquí.

La población de este tipo de centros se puede dividir en dos tipos. Por una parte, personas cuyas experiencias de malestar se consideran involucradas en los actos por los que se las condena. A estas se las clasifica como inimputables, o como parcialmente imputables, es decir, no responsables de los actos que cometieron. En términos jurídicos no cumplen una pena como tal, sino una medida de seguridad. En términos reales, estas personas acaban privadas de libertad del mismo modo que el resto de personas presas. La otra parte de la población que alberga un psiquiátrico penitenciario cumplen condena, pero sus experiencias de sufrimiento psíquico no tuvieron que ver con sus actos. Estas experiencias podían estar presentes antes de la condena, o haber sido desarrolladas a raíz de esta.

Hace unos años, las propias Instituciones Penitenciarias elaboraron un documento en el que se analizaban las múltiples fallas de este tipo de centros (puede leerse en este enlace). El documento menciona que, debido a la insuficiencia de la reforma psiquiátrica iniciada en los 80, los módulos de enfermería de las cárceles y los psiquiátricos penitenciarios acabaron recogiendo a muchas personas que pasaron por una desinstitucionalización brusca, tras años de internamiento en manicomios y con los lazos sociales completamente rotos. En la actualidad, se trata de una población que, generalmente, está en riesgo de exclusión social, afectando enormemente a sus experiencias de sufrimiento psíquico. El documento expresa, por tanto, el temor a que los psiquiátricos penitenciarios se conviertan en “sustitutos de los antiguos manicomios”, es decir, lugares cuya función es aislar una realidad social, en lugar de buscar soluciones. Entre sus propuestas, se plantea que deberían buscarse mecanismos comunitarios para la población penitenciaria con sufrimiento psíquico. Separar a las personas de su entorno y aislarlas de la realidad social va en dirección completamente opuesta al supuesto objetivo marcado por las instituciones: la rehabilitación.

A todo esto se le suman las propias condiciones de dichos centros. El Defensor del Pueblo, en su Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, realizó una visita sin previo aviso al hospital psiquiátrico de la cárcel de Sevilla I, en 2018 (puede verse la noticia aquí). Algunas de sus observaciones fueron: carencia de personal suficiente, arquitectura “de cemento”, hacinamiento en las habitaciones, basura sin recoger, falta de intimidad y humedades en las duchas, falta de formación específica de los profesionales y ausencia de videovigilancia. Por otra parte, la sala de contenciones mecánicas no cuenta con climatización, no existe un medio de contacto del interno con el personal, ni se recuperan imágenes de videovigilancia para la supervisión de esta práctica (que, como visibiliza la campaña #0contenciones, cada vez es más cuestionada). En su protocolo de contención mecánica se aconseja atar a la persona boca abajo, en lugar de boca arriba, añadiendo un riesgo médico y psicológico innecesario a una práctica ya de por sí arriesgada.

En consecuencia, es sorprendente que un proyecto como el de la construcción de un psiquiátrico penitenciario todavía más grande haya sido la solución a la que se ha dado luz verde. La respuesta no ha tardado en aparecer y más de 200 asociaciones que trabajan en el ámbito penitenciario y de la salud mental están denunciando el proyecto a través de la recientemente creada Plataforma Salud Mental Fuera de Prisiones (puede leerse la noticia aquí y aquí). De momento, han organizado una recogida de firmas en la plataforma Visibles.org, donde también puede leerse su manifiesto íntegro.

El principal argumento a favor de Levante II (así se llamará el centro), es que arquitectónicamente contará con más espacios verdes y al aire libre, así como una mayor dotación de recursos terapéuticos grupales y en formato taller. Se vende como un modelo “alternativo”, con una menor presencia de métodos coercitivos y farmacológicos (puede versen en la primera noticia enlazada, y aquí). No obstante, está evidenciándose que el modelo asilar y basado en el aislamiento no es maquillable. Más cárceles, psiquiátricas o no, implica más personas presas. Más personas presas implica mayor nivel de desigualdad y el boqueo de soluciones no punitivas. El punto cardinal de la cuestión es la exclusión social y el sufrimiento que genera, y la eterna postergación de una verdadera alternativa comunitaria y opuesta a la institucionalización no ayuda.

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