Recientemente se ha aprobado la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Hay dos medidas que son especialmente significativas. Por una parte, los delitos no empezarán a prescribir desde que la víctima cumpla 18 años, sino desde los 35. Esto amplía significativamente el margen de tiempo para poder denunciar y que se inicie un procedimiento. Hasta el momento prescribían cuando la víctima tenía 23 años (o 33 en casos considerados graves), mientras que a partir de ahora prescribirán cuando esta tenga 40 años (o 50 en casos considerados graves). Por otra parte, se prohíbe la utilización del Síndrome de Alienación Parental (SAP), un diagnóstico que se ha utilizado esencialmente para perjudicar a las madres en los procesos de custodia, durante un divorcio. No cuenta con el apoyo oficial de ninguna disciplina profesional y no forma parte de ninguna clasificación oficial, ni el DSM ni el CIE lo incluyen. Pese a ello, se ha utilizado ampliamente en este ámbito jurídico, en muchas ocasiones dando ventaja a los padres abusadores, atribuyendo el rechazo de sus hijos a la manipulación de la madre en lugar de al abuso perpetrado.
Esta ley está relacionada con uno de los factores más importantes de la salud mental, los abusos y la violencia en la infancia. A diferencia de otros frentes de la investigación en este campo, todos los estudios señalan que incrementan significativamente las probabilidades de sufrir malestar psíquico en la edad adulta. Por ejemplo, en un estudio se reveló que de una muestra de 2017 personas diagnosticadas de esquizofrenia, el 29% habían sufrido abuso sexual en la infancia, el 39% maltrato físico y el 34% maltrato emocional. Estos porcentajes son mucho mayores que los de las personas que no reciben un diagnóstico. Por ejemplo, los porcentajes de una muestra de varios millones de personas de diferentes países, mostraba que las cifras de abuso sexual infantil en población general estaban en torno al 18% en mujeres y el 7,6% en hombres. Sin embargo, es habitual que en este tipo de investigaciones, los propios autores señalen que probablemente se traten de cifras más altas.
Buena parte de las personas que han pasado por este tipo de situaciones se sientan desamparadas, incomprendidas y en riesgo. No en vano, la mayor parte de los procedimientos judiciales no prosperan, y cuando lo hacen pueden llegar a retraumatizar a las víctimas debido a que se ven obligadas a relatar los abusos en numerosas ocasiones ante personas desconocidas. En esta dirección, la nueva ley tratará de promocionar formación específica en cuerpos de seguridad y jueces. Además, con el objetivo de evitar la retraumatización, se establece como obligatoria la prueba preconstituida para menores de 14 años. Esta consiste en grabar la declaración de la víctima para que solo tenga que relatar lo sucedido una vez.
Lo cierto es que el maltrato y el abuso a la infancia tiende a invisibilizarse. Hay mecanismo sociales y culturales que tratan de meter bajo la alfombra un secreto a gritos, y esto sucede también en el campo de la salud mental. Pese a que la investigación vincula la adversidad en la infancia con diferentes malestares, no recibe una atención proporcional. Lo mismo sucede con otros factores como la clase social o numerosos tipos de discriminación (racismo, homofobia, exclusión social…); la evidencia de la investigación es unánime, pero no se traduce en un cuestionamiento ni en una práctica diferentes (para una revisión de la investigación puede revisarse el capítulo 4 del documento del Marco Poder, Amenaza y Significado).
Coloquialmente es conocida como Ley Rhodes, debido al escritor y pianista James Rhodes, uno de sus impulsores. En su libro, Instrumental, relataba tanto los abusos que vivió cuando era niño, como las consecuencias que estos tuvieron sobre su salud mental. La aparición de esta ley está suponiendo que se arroje luz sobre una realidad tan olvidada como importante. En MIAH hemos querido reseñarla por su importancia para la personas abusadas y violentadas, pero también nos parecía importante resaltar que en el campo de la salud mental los abusos en la infancia se pasan por alto.
